El lobby mediático I – Los intereses detrás de la muerte de Alberto Rivera

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¿Quién y cómo se impulsa esta campaña a favor de la “libertad de prensa”?

Aunque suene espantoso, hay muchos intereses detrás de la muerte de Alberto Rivera Fernández: basta ver quiénes se han beneficiado con la muerte del comentarista radial, y a quiénes se ha perjudicado implicándolos en ese execrable crimen.

Apetitos de la prensa

Basta ver quiénes se han favorecido: madereros que de la noche a la mañana han visto posible incrementar su tajada en el mercado; importadores de motocicletas que ansiaban ver roto un contrato de exclusividad que les impedía entrar a la amazonía; cerveceras que se han quitado de encima una competencia odiosa, que evidenciaba su abuso en un mercado sediento de buenos productos; políticos que de pronto han visto desaparecer al único frente que les impedía hacerse de uno de los bastiones electorales más importantes del oriente del país… Pero no menos importante es echar un vistazo a las instituciones que han aprovechado este tema para recuperar un poco de protagonismo, legitimidad e imagen y, de paso, levantar fondos.

Un primer hecho llama la atención en el caso de la muerte de Alberto Rivera Fernández: si no fuera por la profusa atención que le han dado los medios de prensa, este comentarista radial hubiese permanecido en el más profundo anonimato. Pero apenas ocurrió su deceso, el 21 de abril del 2004, la maquinaria empezó a funcionar. Luego de idas y venidas, 16 meses después -el 20 de setiembre del 2005-, algunos de los principales medios nacionales, reunidos en el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) suscribieron un pacto bajo el auspicio de la Knight Foundation -conocido como la Declaración de Pucallpa (Link). Allí se comprometieron a “integrar un equipo especializado de periodistas de investigación de los diferentes medios de comunicación para profundizar las denuncias periodísticas realizadas por los periodistas victimados, cuyo resultado publicaremos simultáneamente en los medios participantes”. La verdad es que nunca de conformó ni se integró un “equipo especializado…” y los informes periodísticos publicados hasta la fecha no están interesados en profundizar en la verdad de los hechos. Invariablemente, lo único para lo que sirvió la “Declaración…” fue para crucificar a Valdez Villacorta, sin verificar fuentes, cruzar información, cruzar testimonios, sustentar sus afirmaciones con documentos.

Pero lo interesante es que esta Declaración, permitió que el presidente de la SIP para el Perú, Gustavo Mohme, viajara unos días después -del 7 al 11 de octubre de 2005- a Indiana, EE.UU, a la 61 asamblea de la SIP y propusiera la redacción de una resolución, Link, en la que, basándose en las propias notas periodísticas, se incrimina a Luis Valdez Villacorta. De esta manera, el Perú entraba en el programa “Impunidad” de la SIP y participaba de una parte de los $7.7 millones que donó la Fundación John S. y James L. Knight para el periodo 1992 – 2011. Una muy jugosa gestión, que le valió no pocos aplausos. El informe presentado por Mohme en esa asamblea, da cuenta del exitoso lobby mediático: Link. La contabilidad del lobby mediático, la lleva la propia SIP Link.