El lobby mediático III – El brazo gringo

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Lejos parece haber quedado el pensamiento aquel en el que John S. Knight resumió su filosofía: “busca la verdad e imprímela”. Ahora podría ser algo así como “busca algo que parezca verdad y divúlgalo”. ¿Qué pasó que en el camino, la verdad quedó de lado? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que la Fundación John S. y James L. Knight, ha aportado un total de$7.7 millones para solventar los gastos de la campaña contra la impunidad, dentro de la cual se ha insertado la campaña para crucificar a Valdez y, de paso, ver si se logra dar con los culpables de la muerte de Rivera Fernández. Algunas pruebas:

Los apetitos de la prensa

El 3 de septiembre del 2008 una misión de la SIP, auspiciada por la Fundación Knight, se reunió con Francisco Távara, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, para solicitarle un conjunto de reformas sobre jurisdicción especial para crímenes contra periodistas y el agravamiento de penas. Al día siguiente se realizó una reunión con su capítulo peruano, el Consejo de la Prensa Peruana, para diseñar la estrategia destinada a impedir lo que ellos llaman “impunidad”, enfocada evidentemente en Valdez Villacorta.

Ese mismo mes, el día 22 de septiembre de 2008, volvieron a la carga: hubo una reunión conjunta de la SIP y el consejo de la Prensa Peruana (CPP) con el presidente del Poder Judicial del Perú, Francisco Távara, para proponerle la creación de una jurisdicción especial para procesar casos de asesinatos en contra de periodistas, la imprescriptibilidad de la acción penal de esos delitos y el agravamiento de las penas. Nuevamente, Valdez Villacorta fue el centro de la agenda.

Pero este lobby destinado a hacerle “la camita” a Valdez no es nuevo. Entre el 16 y el 18 de mayo del 2007, una misión de la SIP y el Consejo de la Prensa Peruana visitaron Lima y Pucallpa. Durante su estadía se reunieron con el presidente Alan García Pérez -quien firmó la Declaración de Chapultepec-, el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova; con la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez; los congresistas Mercedes Cabanillas, presidenta del Congreso de la República y Raúl Castro, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; la entonces fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar Arteaga; el ministro del Interior, Luis Alva Castro y altas autoridades policiales.

En Pucallpa, por el caso de asesinato de Alberto Rivera Fernández, hubo reuniones con periodistas y directivos de medios; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Edgar Padilla Vásquéz; los vocales de la Sala Penal Transitoria, Miriam Calmet Caynero, Juana Tejada y Leoncio Huamaní Mendoza; el titular de la Segunda Fiscalía Superior Mixta de Ucayali, Delbo Rodríguez Ticona; abogados de la familia Rivera y con el fiscal que atiende la causa. A lo largo de estas maratónicas jornadas, hubo una constante: Valdez. ¿Si eso no es presión, qué es? [1] ¿si eso no es lobby, qué es? (Nótese que en el Perú, la gestión de intereses está regulada por la Ley 28024, y no está siendo cumplida por estos adalides de la libertad de expresión: Link. Nótese que el artículo 9, inciso d), prohíbe a los propietarios y directivos de medios, gestionar intereses ante los funcionarios públicos.

[1] No se olvide que el lobby en el Perú se inició el 19 de septiembre del 2005, con las reuniones de la SIP y el CPP con los jueces Edgar Padilla Vásquez, Carmen Rosa Cucalón y José Ríos Olsson; los fiscales Hernán Herrera Robles y Ricardo Hennings Otoya; el jefe director de la Policía en la VI Dirección Territorial, Ariosto Obregón; el periodista Paul Garay y el alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Váldez Villacorta. En el Penal de Pucallpa se entrevistaron con Tercero Samuel González y Martín Flores, acusados de organizar el crimen. En Lima se reunieron con el Ministro del Interior, Rómulo Pizarro Tomasio; el magistrado César San Martín, de la Sala Penal Permanente. Antes, el 21 de mayo del 2004, una delegación de la SIP se reunió con familiares y abogados de Alberto Rivera Fernández y el 26 de mayo fue enviada una carta a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, solicitando su intervención para investigar quejas de presuntas irregularidades en el manejo oficial del caso Rivera Fernández. Ya se sabe a quién se apuntaba.