La Constitución según la SIP y el Consejo de la Prensa Peruana

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La Constitución Política del Perú consagra en su artículo segundo de una forma ambiciosa e inocente el derecho de toda persona: “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Según lo que esta pasando recientemente en nuestro país es posible pensar que los legisladores se equivocaron a la hora de redactar este artículo, puesto que omitieron un supuesto de importancia capital. El supuesto que se quedó en el tintero consiste en que toda persona pierde sus derechos a la presunción de inocencia, al buen nombre, y a la rectificación, sí y solo sí, esto le conviene por cualquier motivo al Grupo Comercio y a los demás prohombres que conforman el Consejo de la Prensa Peruana.

Rene Gastelumendi, en una valiente columna publicada en Diario16 hace pocos días hace referencia al groseramente arbitrario tratamiento que se hizo al caso de la desaparición del estudiante Ciro Castillo en el cual la prensa peruana decidió condenar mediaticamente a su ex pareja: Rosario Ponce. Para esto se auto-otorgaron licencia absoluta para crear toda conjetura posible sobre los motivos por los cuales Rosario asesino a Ciro y luego dispuso de su cuerpo. Inclusive se llegó al extremo de publicar pericias psicológicas confidenciales que eran parte de un proceso en curso sobre el cual no se había producido un fallo final. La prensa peruana ya había emitido su propia sentencia sobre los hechos y tenía una sola consigna: Rosario era Culpable de Homicidio y era necesario fabricar las pruebas necesarias para que ésta sea condenada por los jueces, por los fiscales y por el pueblo peruano.

Ahora que apareció Ciro: ¿que pasará con el buen nombre de Rosario Ponce? se pregunta, Rene Gastelumendi. ¿Acaso Rosario tiene derecho a un resarcimiento moral? -en el peor de los casos-: o simplemente ¿se la dejará en paz en un calmo anonimato? Más aún, Gastelumendi hace reflexiones más profundas sobre los cuestionables métodos de investigación utilizados por los más renombrados periodistas de nuestra tierra con el único afán de conseguir algunos minutos de fama en los ojos y oídos del público.

Tener presencia, tener voz, tener audiencia para hacer negocio con la publicidad en los medios -y no reportar sobre la verdad- es la misión final de los periodistas peruanos. Para ganar en la guerra del rating, y al mismo tiempo, ganar un buen sueldo: vale todo. No importa que la victima mediática sea inocente, proba, santa y que comulgue todos los Domingos. En el Perú del Consejo de la Prensa Peruana y de la SIP el honor de los ciudadanos es algo menos que una fruta podrida que estalla delante de una pantalla de televisión.

Es aún más grave que esta prensa no cumpla informar adecuadamente al público sobre problemas estructurales gravísimos que afectan a la nación. Es claro que estos temas no venden porque asustan, aburren y cuentan sobre lo que realmente somos. Es mal negocio contar que los barristas son violentos porque no tuvieron una buena educación primaria o porque se volvieron drogadictos en la secundaria. Es peor negocio contar que el Perú no es un país de “chuchumecas”, de futbolistas tramposos y de “gente que baila con las estrellas”. Muy por el contrario, el Perú es una tierra aún pobre que no cuenta con suficientes recursos hídricos y energéticos para seguir el mismo nivel de desarrollo en los siguientes 10 años. Y así, pudiéramos seguir con muchos otros ejemplos. La prensa irrespetuosa de los derechos de las personas sigue impune, sigue abusando y sigue desinformando al pueblo por su sed de lucro.

¿Que pasaría entonces, si algún juez valiente decide declarar absuelto al ciudadano Luis Valdez Villacorta? El caso de Rosario Ponce, dada la aparición del cuerpo de Ciro Castillo, es un evento que la opinión pública libre y las autoridades no influenciables deben seguir atentamente para tomarlo como ejemplo de cómo se debe reparar –en caso sea posible- el daño hecho a la honra de un inocente.